Antonella

30 años — Terrassa

Pau Esparch

Los amigos y la familia la llamaban Debbie o Aby. Así es como conocían a Antonella, de 30 años, que hacía más de una década que estaba con el hombre que la asesinó. Eran de Argentina y él se trasladó a un piso de Terrassa hace cinco años por una oferta de trabajo. Al cabo de unos meses, y después de casarse, ella también se instaló en el piso una vez terminó de estudiar enfermería –para hacer extracciones de sangre–. Hace dos años tuvieron una hija, Esmeralda.

Cuando se supo que habían matado a Antonella, una amiga la quiso recordar escribiendo que la mujer era “alegría, diversión y luz”. La familia explicó a los medios de su país natal que la violencia de él hacia la mujer creció a raíz de un accidente doméstico en el piso donde vivían en el cual la hija sufrió unas quemaduras. La niña tocó una taza con agua caliente que el padre había preparado para un té, pero el hombre culpó a Antonella del incidente.

Desde entonces el marido, que la maltrataba, acentuó su comportamiento violento hasta el punto de que en abril ella pidió ayuda. Antonella fue al grupo feminista Punt Lila de Sant Pere de Terrassa, que la acompañó a presentar una denuncia a la comisaría de los Mossos. Después del asesinato, desde la entidad explicaron que en comisaría no habían querido coger la denuncia –al menos en cuatro ocasiones diferentes–. Por esta negativa, acabaron en la policía municipal de Terrassa, donde al final pudieron presentar la denuncia por maltrato.

A diferencia de la mayoría de las víctimas mortales, Antonella había querido denunciar la violencia pero el sistema la desprotegió

Esto derivó en una causa por violencia verbal en el juzgado de violencia contra la mujer de Terrassa. Pero los Mossos no vieron riesgo y la Fiscalía se opuso a una orden de alejamiento. El juez, que en paralelo también tramitaba el divorcio de la pareja, argumentó que no tenía ningún elemento para acordar una medida de protección a la mujer y el forense tampoco detectó nada relevante. La denuncia se tenía que resolver en un juicio en octubre en un juzgado penal, pero fue demasiado tarde.

La madrugada del 30 de julio se produjo el fatídico crimen. El hombre mató a Antonella y le prendió fuego en un descampado de Sant Vicenç de Castellet, en el Bages, donde había llegado con un coche en el que también llevaba a la hija de 20 meses de la pareja. Encontraron el cadáver de la mujer totalmente calcinado en unos matorrales y el hombre se suicidó unos metros más allá.

La hija, con la familia

Cuando localizaron a la niña en la escena del crimen, vieron que tenía quemaduras. A pesar de que de entrada se pensó que podían ser por el fuego que había encendido el hombre, después se supo que las quemaduras eran por el accidente de unos meses atrás. La niña, que había quedado huérfana, pasó a ser tutelada por la Generalitat –a través de la DGAIA–, hasta que los hermanos de Antonella pudieron venir a Catalunya y, después de un tiempo, completaron los trámites para hacerse cargo de Esmeralda, que ahora vive en Argentina con la familia materna.

Tanto el Punt Lila de Sant Pere de Terrassa como el entorno de Antonella criticaron que la mujer no recibiera ningún amparo y tuviera que vivir bajo el mismo techo que el hombre que la acabó asesinando a pesar de que no tenía ningún familiar cerca que la pudiera acoger. Ella, a diferencia de la mayoría de las víctimas mortales, había querido denunciar la violencia pero el sistema la desprotegió.

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