Vidas rotas por la soja que alimenta a nuestros cerdos

Fazenda Estrondo, Formosa do Rio Preto, Bahiaclose

Deforestación

La destrucción
de un bioma único

"Hace treinta años celebramos una boda y el padre de la novia no podía llegar: tuvimos que hacerle un puente con maderas para poder atravesar el rio. Ahora, los coches pueden cruzar por encima del agua sin problema", relata Guilherme Ferreira de Souza, que ha vivido sus 64 años en el noroeste de Bahia (Brasil), en la pequeña comunidad de Aldeia. La sabana tropical del Cerrado es la cuna de muchos de los ríos de América del Sur y alberga un 5% de las especies vegetales y animales del planeta. Pero la deforestación está reduciendo los recursos hídricos y acorrala cada vez más el reducto de vegetación donde viven estas comunidades tradicionales

Guilherme Ferreira de Souza

"Han deforestado los árboles que daban sombra a la tierra y eso está secando nuestros ríos"

El Cerrado, tierra de agua

Fazenda Estrondo, Formosa do Rio Preto, Bahia

Los campos de soja se extienden hasta más allá del horizonte. Miles de hectáreas de tierra desnuda bajo el sol implacable de la temporada seca. "Han deforestado los árboles que daban sombra a la tierra y eso está secando nuestros ríos", se queja Guilherme Ferreira de Souza. Él ha vivido sus 64 años en la pequeña comunidad de Aldeia, en el noroeste de Bahia (Brasil). Es un geraizeiro, como se conoce a los pobladores tradicionales de esta sabana tropical, descendientes de esclavos fugitivos, buscadores de oro y campesinos que se adentraron en el interior de Brasil en el siglo XIX. Para estas comunidades, la llegada de las grandes propriedades agrícolas de soja ha supuesto no solo la pérdida de una vegetación de la cual se nutren para vivir, sino también la amenaza directa de la expropiación, en algunos casos con violencia

Los geraizeiros viven en los valles, la parte más baja de la sabana, que aún conserva su vegetación única. Un reducto de vida salvaje cada vez más acorralado. En lo alto, en el altiplano, todo son cultivos. "Hace treinta años celebramos una boda y el padre de la novia no podía llegar: tuvimos que construirle un puente con maderas para atravesar el río. Ahora los coches pueden cruzar por encima del agua sin problema", explica Ferreira. El Cerrado es, de hecho, el depósito de agua subterránea más importante de Brasil, cuna de ocho de las doce cuencas hidrográficas más grandes del país. Pero los agricultores aseguran que no hay ningún problema.

La familia de Guilherme vive en la comunidad Aldeia, dentro del territorio de la Fazenda Estrondo. / Las comunidades tradicionales del Cerrado viven también del pastoreo.

"El impacto de la agricultura sobre el agua es muy reducido", asegura Odacil Ranzi, presidente de la Asociación de Agricultores y Regantes de Bahia (AIBA), que nos recibe en su oficina de Luis Eduardo de Magalhãens, una localidad del oeste de Bahia nacida al calor de la expansión agrícola y que es la única en la zona donde ganó Bolsonaro en las elecciones del 2018. "Los ríos tienen la misma agua durante todo el año a pesar de que durante seis meses aquí no llueve nada. Las aguas subterráneas son muy abundantes, los agricultores podríamos utilizar mucha más agua de la que usamos", afirma con seguridad. Su visión no puede ser más diferente a la de las comunidades pobres de la zona, que nos hablan de ríos que se secan y pantanos que están desapareciendo. El representante de los agricultores, en cambio, afirma sin rubor" "En 40 años no he visto ningún cambio climático en esta región".

Sin embargo, varios informes medioambientales constatan el impacto de la agroindustria en los ecosistemas del Cerrado, y confirman que los caudales de los ríos se han reducido. Desde la ventana del coche, está claro que la región es hoy en día muy diferente a la que se encontraron los grandes agricultores que, como Ranzi, llegaron en los años 70 y 80 procedentes del sur del país y abrieron la región a la agroindustria. Las extensiones de campo preparado para cultivar se extienden hasta donde llega la vista. Columnas de humo negro aquí y allá alertan de varios incendios cercanos. El fuego es una de las vía más utilizadas para abrir paso a la deforestación y limpiar la tierra para nuevos cultivos. No obstante, a finales de septiembre, al final de seis meses de época seca y con temperaturas que superan los 35 grados, también proliferan los incendios fortuitos.

"La soja ha acabado con toda la naturaleza. El agua se está acabando, todo está deforestado", se lamenta también Florentino Ferreira da Sousa, primo de Guilherme. Nos recibe en su casa, inmersa en un rincón recóndito del valle, y nos explica que hay dos jaguares rondando por la zona: ya han matado tres terneros. Son algunos de los peligros a los que se han tenido que enfrentar toda la vida, y la comunidades que viven en el corazón de la sabana y que subsisten a base de pequeños pastos y plantar mandioca, frijoles y otros alimentos. Ahora, sin embargo, se enfrentan a amenazas mucho peores que la de los jaguares.

La sabana más biodiversa del mundo

A pesar de no ser tan célebre como la Amazonia, el Cerrado es la sabana tropical más biodiversa del mundo. Ocupa 200 millones de hectáreas en el este de Brasil, una extensión equivalente a España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos. Acoge el 5% de las especies animales y vegetales del planeta, de las cuales más de 4.800 son endémicas. Los monocultivos de soja –además de maíz y algodón– ya han deforestado 95 millones de hectáreas, la mitad de la sabana. Según un informe de WWF, solo el 20% de la vegetación que aún queda está en condiciones de conservación. "Esto convierte el Cerrado en una de las áreas naturales más amenazadas del planeta", dice el informe, y alerta de que "el ritmo de devastación de los últimos años lo encamina hacia un proceso de extinción masiva sin precedentes".

La moratoria que desde el 2006 prohíbe plantar soja en la Amazonia ha hecho que este cultivo se traslade hacia el Cerrado, y en especial hacia la región de Matopiba, que ocupa todo el estado de Tocantins y parte de los estados de Bahia, Piauí y Maranhão. Es en estas 73 millones de hectáreas donde más rápidamente está creciendo el monocultivo de soja para satisfacer la demanda internacional, a costa de destruir un ecosistema único y expulsar a las comunidades tradicionales. Matopiba es la nueva frontera de la deforestación debida a la soja.

"Libre de deforestación", dicen

Una encuesta hecha entre los productores de pienso catalanes ha detectado que la inmensa mayoría no sabía si su soja venía de zonas deforestadas o no, porque los grandes importadores a quienes la compran, como Cargill y Bunge, no facilita esta información, explica la directora de la asociación catalana de productores de pienso (ASFAC), Carme Soler. Cargill asegura simplemente que la soja que importa de Brasil está en un 95,6% "libre de deforestación". ¿Por qué? Porque cumple la normativa medioambiental brasileña. Lo mismo dicen los agricultores brasileños: "Cumplimos al 100% la legislación ambiental brasileña, que es de las más estrictas del mundo", aseguraba el presidente de la Asociación de Agricultores de Bahia (AIBA), Odazil Ranzi. Pero en esta legislación hay letra pequeña.

Para empezar, en Brasil toda la deforestación que se hizo antes del 2008 es legal. La reforma del Código Forestal brasileño que aprobó en 2012 el gobierno de Dilma Rousseff "amnistió" toda la deforestación previa al 2008. Como si nada hubiera pasado. "Ahora, ya se está intentado aprobar en el Congreso una nueva fecha para amnistiar la deforestación hasta el 2011: en Brasil, las leyes siempre se van cambiando para ir legalizando la expansión de la frontera agrícola", explica la investigadora de Grain Larissa Parker. La bancada ruralista –los terratenientes– es cada vez más poderosa en el Congreso, de manera que la deforestación ilegal se acaba legalizando.

En el Cerrado en concreto, si la propiedad preserva un 20% de la superficie como "reserva legal", puede deforestar legalmente el 80% restante (en la Amazonia es al revés, hay que proteger el 80%). Pero para saber si la Fazenda tiene en orden esta "reserva legal", la referencia es un registro de la propiedad "que es autodeclarativo, es decir, son las mismas propiedades las que introducen sus datos", explica Parker. Y los organismos medioambientales que tienen que supervisarlas cada vez tienen menos financiación para hacer su trabajo, especialmente desde la llegada de Jair Bolsonaro al poder.

Este mes, la Comisión Europea ha propuesto una normativa que quiere prohibir la importación de algunos alimentos, entre los cuales la soja, si provienen de zonas deforestadas, i no distinguirá entre deforestación legal e ilegal. Según Bruselas, la nueva ley protegiría dos tercios de la vegetación nativa que aún queda en el Cerrado: los que geográficamente puedan cuadrar con la definición de "bosque" que hace la FAO, ya que la normativa solo es para bosques tropicales y no para sabanas ni humedales. Sin embargo, según Ecologistas en Acción, la normativa, que aún tiene que pasar por la Eurocámara y el Consejo antes de ser aprobada, "tiene importantes lagunas".

Florentino Ferreira

"Aquí la tierra nos lo da todo, si la naturaleza cambia todavía más nuestra vida será muy difícil"

La Fazenda Estrondo, licencia para deforestar

Florentino Ferreira y su primo Guilherme lideraron la lucha de su comunidad contra la Fazenda Estrondo, la propiedad que ocupa hoy las tierras donde han vivido siempre. “Mi madre tiene hoy 98 años y nació aquí”, remarca el segundo, como prueba de su derecho a vivir allí, a pesar de que no tienen títulos de propiedad. “Algunos vecinos se han ido, intimidados por la Fazenda, pero para nosotros es muy difícil vivir en la ciudad”, dice Florentino: “Aquí la tierra nos lo da todo”. Pero las condiciones de vida también están cambiando para estas comunidades. “Los pantanos se secan y los ríos se reducen por la deforestación y por los pozos profundos del agronegocio”, remarca: “Si la naturaleza se reduce más, nuestra vida será muy difícil”.

La Fazenda Estrondo se instaló en esta zona de Bahia en los años 80 del siglo pasado. Un empresario de Río de Janeiro, Ronald Guimarães Levinsohn, presentó títulos de propiedad falsos sobre aquellas tierras públicas para poder presentarlas como garantía para una deuda. Estrondo es un caso excepcional por su dimensión: la 'fazenda' ocupa 315.000 hectáreas, más de tres veces la ciudad de Barcelona. Pero es un sistema que se repite en toda la región. “El acaparamiento de tierras de los años 70 y 80 fue solo documental, hecho a escondidas en los registros. La deforestación real no arranca hasta 2003 y es a partir de 2014, de hecho, cuando empiezan a declarar reservas legales en las zonas de las comunidades de los valles y se llega a la situación de conflicto con violencia”, explica Mauricio Correia, el abogado de la Asociación de Abogados de los Trabajadores Rurales (AATR) que lleva el caso.

Dentro de la Fazenda Estrondo viven varias comunidades de 'geraizeiros', como Aldeia, Gatos y Cachoeira.

Dentro de la Fazenda Estrondo viven varias comunidades de 'geraizeiros', como Aldeia, Gatos y Cachoeira.

Fue entonces, hacia 2014, que la Fazenda puso puntos de guardia con hombres armados. “Nos prohibieron salir del valle, nos pedían la documentación para cualquier desplazamiento”, explica Guilherme. “Los pistoleros nos sacaban los caballos, hacían cosas solo para humillarnos. Mataron al tío de un pariente mío solo para atemorizarnos, para que todo el mundo supiera quién mandaba”, añade Florentino. De repente, ya no podían ir a la meseta a cosechar la fruta de pequi, como habían hecho siempre, o el capim dorado con el que hacen artesanía tradicional.

“A la meseta íbamos a buscar mangaba y chontilla, ahora ya no queda nada”, recuerda Guilherme. De la cáscara de la mangaba (un fruto) sacaban leche y también un tipo de caucho, y de la chontilla (un tipo de palmera) hacían cuerda, explica. Los datos oficiales constatan que el municipio de Formosa do Rio Preto, donde está esta fazenda, es el que más deforestación ha sufrido de todo el Cerrado entre 2001 y 2019, según un informe de Greenpeace, que denuncia también que la Fazenda Estrondo utilizó durante un tiempo mano de obra esclava y que en 2016 fue multada por deforestación ilegal.

Con la ayuda de la AATR y la ONG 10Envolvimento, las comunidades fueron a los tribunales y la justicia ha reconocido finalmente su derecho de posesión sobre 43.000 hectáreas de la Fazenda. El gobierno de Bahia ha admitido justo este año que la adquisición de toda la propiedad de la Fazenda Estrondo es fraudulenta, y ha iniciado un proceso que podría acabar expropiando toda la propiedad, explica Correia. Pero en 2019, este mismo gobierno concedió ya una nueva licencia a Delfin Rio S.A., principal holding de Estrondo, para deforestar todavía 25.000 hectáreas más de tierra, el equivalente a 35.700 campos de fútbol.

La conexión con Cataluña

Dentro mismo de los terrenos de la Fazenda Estrondo, enormes silos de Cargill y Bunge, las grandes multinacionales exportadoras, almacenan las habas de soja. Son estas mismas empresas las que llevan la soja hasta el puerto de Barcelona, donde Cargill tiene una gran concesión que usa para molerla y convertirla en óleo y harina para venderla a las productoras de pienso. Según datos de Trase, en 2017 España fue el cuarto país de destino para la soja de Formosa do Rio Preto (la primera era China), la localidad donde está la Fazenda Estrondo y donde este diario pudo comprobar los impactos de este cultivo. Es también el segundo municipio de todo Brasil con más índice de deforestación por la soja.

En el estado de Bahia, donde se sitúa esta localidad, el 80% de la soja que se cultiva es para exportar. Se vende principalmente a China, pero en segundo lugar a la Unión Europea, con los Países Bajos y España como los principales destinos. Por el puerto de Barcelona entran cada año unos 1,5 millones de toneladas de habas de soja, la mitad de las cuales vienen del Brasil, de esta zona del Cerrado, según un estudio hecho por Grain. Los Estados Unidos y Argentina son los otros dos grandes mercados de los cuales Europa importa soja.

La soja transgénica de Brasil abastece la industria porcina catalana y española, que la necesita para producir pienso a gran escala. Según fuentes de ASFAC, la asociación de productores de pienso de Catalunya, toda la soja que entra por los puertos de Barcelona y Tarragona se destina a producir su pienso, a pesar de que una parte de la de Tarragona también va a productoras de Valencia o Aragón. Según el mismo informe de Grain, para cultivar toda la soja que Catalunya importa en un año haría falta el 40% del territorio catalán o, lo que es lo mismo, el 75% de la superficie agraria de Catalunya.

Formosa do Rio Preto, Bahiaclose

Conflicto por la tierra

Fuego, pistoleros y amenazas

En lo alto de la torre, un guardia de seguridad nos graba con el móvil y oculta la cara mientras nosotros le hacemos fotos a él. Algunos propietarios agrícolas contratan empresas de seguridad privada y sus hombres armados atemorizan y amenazan a las comunidades para forzarles a irse. Quieren que esas tierras sean la reserva legal que la ley brasileña les obliga a preservar. A Fernando le dispararon en una pierna un día que fue a recoger un ternero de un vecino que se había perdido. Un régimen de "terror" que se repite, con mayor o menor intensidad, en todas las comunidades que este diario ha visitado en Bahia y Piauí.

Fernando

"Los guardias empezaron a disparar y entonces sentí el dolor en una pierna, estaba llena de sangre"

Cultivar soja y sembrar terror

Las marcas de bala todavía son visibles en la verja que nos separa de la torre de vigilancia. En lo alto de la torre, un guardia de seguridad nos graba con el móvil y oculta su cara mientras nosotros le fotografiamos a él. "A partir de aquí ya no nos dejan pasar, cuando toda la vida habíamos llevado el ganado a pastar a aquella zona", explica Edinaldo, que vive en la comunidad Cachoeira, situada a solo 1.300 metros de ese punto de vigilancia. Los agujeros en la verja demuestra que si bien hoy solo han sacado el móvil, a menudo la prohibición se hace cumplir a punta de pistola. Unos kilómetros más allá, en otra comunidad dentro de la misma Fazenda Estrondo, Fernando tiene las pruebas en sus propias carnes: las dos cicatrices que le dejó una bala cuando le atravesó una pierna.

"Fui con mi vecino André a buscar una vaca que se le había escapado y había entrado en los campos de la Fazenda. La fuimos a recuperar y cuando volvíamos a casa nos pararon y nos ordenaron que nos bajáramos de los caballos. Nos dijeron que teníamos que acompañarlos a su garita, pero no nos fiamos e intentamos irnos. Entonces empezaron a disparar. Fue cuando noté el dolor en la pierna y vi que estaba llena de sangre", relata el joven de 24 años. Los guardias, de una empresa de seguridad privada contratada por la Fazenda Estrondo, se fueron y lo dejaron allí. Su vecino y otros compañeros purdieron volver y lo trasladaron a un hospital en la ciudad de Palmas, en el estado vecino de Tocantins.

La mayoría de los puestos de guardia del personal de seguridad privada contratado por la Fazenda han sido destruidos, pero aún queda alguno como este, donde hay una torre de vigilancia. Las marcas de bala visibles en la valla muestran que en alguna ocasión los guardias han disparado para cortar el paso.

La mayoría de los puestos de guardia del personal de seguridad privada contratado por la Fazenda han sido destruidos, pero aún queda alguno como este, donde hay una torre de vigilancia. Las marcas de bala visibles en la valla muestran que en alguna ocasión los guardias han disparado para cortar el paso.

A Fernando lo dispararon en agosto del 2019. Hacía ya dos años que la justicia había sentenciado a favor de estas comunidades tradicionales y había reconocido su derecho de posesión (direito de posse) sobre 43.000 hectáreas de la Fazenda Estrondo. La sentencia, sin embargo, no era definitiva y no puso fin al régimen de "terror" que habían instaurado los guardias de seguridad privada.

"Esos hombres armados siempre daban vueltas profiriendo amenazas, diciendo que nosotros no teníamos derecho a estar aquí. Los hombres llevaban el ganado a pastar por la mañana y te pasabas el día sufriendo por si volverían o no", explica Isaltina Guedes da Silva, enfermera que vive en la comunidad Gatos, también ubicada en el valle que queda dentro de la Fazenda Estrondo.

En junio de este mismo 2021 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia a favor de las comunidades, sin posibilidad de apelación. Pero hacía ya unos meses que ellas mismas habían tomado cartas en el asunto, hartas de esperar cambios reales. Las ruinas calcinadas de varias casetas de vigilancia son testigo de ello. Cuando pasamos por delante de una de ellas, un vecino que nos acompaña, un hombre mayor y con aspecto afable, no tiene ningún problema en reconocer que fue él quien la quemó un día que estaba vacía. "Nuestra lucha continua porque somos gatos escaldados, sabemos que una cosa es la sentencia y otra es la realidad. No estamos tranquilos, sino atentos", afirma Guedes, y dice que solo sueña con una cosa: "Poder dejar a nuestros hijos y nietos un futuro mejor y en paz en esta tierra".

Una jaula de grillos

De grilo viene la palabra grilagem, que en Brasil significa acaparamiento de tierras. Es un término muy específico que tiene sus orígenes en la manera en la que los grandes terratenientes del país empezaron a apropiarse ilegalmente de tierras públicas el siglo pasado. Un modus operandi en el que este pequeño insecto juega un papel clave. Los grileiros falsifican un título de propiedad y lo dejan dentro de una caja con grillos durante un tiempo para que la acción de los animales le den el color sepia de los documentos antiguos. Con estos títulos falsos, y probablemente algún soborno, registran la propiedad en su nombre. A menudo se trata de tierras públicas donde viven desde hace siglos comunidades pobres que no han tenido nunca un título de propiedad pero que tienen el derecho de posesión (posse) según la ley brasileña. Por eso, los llaman posseiros. Y viven en tierras griladas con la ayuda de los grillos.

Juicio por ecocidio en el Cerrado

El caso de la Fazenda Estrondo es uno de los 15 casos denunciados por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) del Cerrado, que este septiembre se puso en marcha para juzgar el "ecocidio" cometido en este bioma. Es un tribunal de opinión internacional, con sede en Roma, que ha aceptado la demanda impulsada por 50 organizaciones que denuncia al estado brasileño, estados extranjeros, multinacionales y el Banco Mundial como responsables de la "ocupación depredadora del Cerrado y el consecuente genocidio cultural de sus pueblos". Denuncian "la legitimación del acaparamiento de tierras, aguas y recursos del Cerrado, con escala e intensidad de saqueo, por parte de unas cuantas corporaciones de la cadena de productos agrícolas y minerales". A pesar de que las sentencias de estos tribunales no son vinculantes, tienen un fuerte peso simbólico.

El primer TPP juzgó los crímenes cometidos en la Guerra del Vietnam, y después también condenó los horrores de algunas de las dictaduras de América Latina. "En estos 40 años los casos han evolucionado mucho, desde la descolonización y la lucha de los pueblos por la independencia hasta casos de derechos humanos y cada vez más casos medioambientales", explica Antoni Pigrau, director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, catedrático de la Universitat Rovira i Virgili y también uno de los miembros del tribunal que juzgará los crímenes en el Cerrado.

Altamirando da Silva

"Eran pistoleros contratados por el 'fazendeiro'. Llevaban las caras cubiertas, pero sabemos quiénes son"

Un rastro de fuego

El esqueleto de troncos calcinados, algunas cazuelas y una silla ennegrecida eran todo lo que quedaba en pie de la cabaña de los pastores. Altamirando, que había dormido muchas veces en aquel refugio, necesitó unos minutos de soledad para poder digerir aquella visión. Justo una semana antes, hombres encapuchados y armados le habían pegado fuego. Quemaron también otras casas dispersas por los alrededores e incluso parte de la vegetación durante su huida. Los troncos ennegrecidos de algunas palmas de moriche que habíamos visto por el camino eran prueba de ello. ¿El objetivo de aquel ataque? Atemorizar a los habitantes de la comunidad de São Marcelo y presionarles para que no vuelvan a adentrarse por unas tierras a las que siempre han llevado el ganado a pastar. Ahora son propiedad de la Fazenda Santa Maria de l'empresa Canabrava, que cultiva soja.

"No tenemos títulos de propiedad, pero tenemos el derecho de posesión porque siempre hemos vivido y apacentado el ganado aquí. Nuestros impuestos lo demuestan", recalca Altamirando da Silva. Explica que hasta que se produjo aquel ataque pensaba que sería posible llegar a un acuerdo legal con el propietario de la Fazenda. Ahora ya veía claro que no. "Eran pistoleros contratados por el fazendeiro. Iban en cuatro coches. Cuando vimos el humo a las nueve de la mañana, uno de nuestros vecinos fue en seguida y se los encontró por el camino. Abrieron fuego para meterle miedo. Dos de los coches dieron marcha atrás y los otros siguieron hacia aquí y atravesaron la comunidad. Llevaban las caras cubiertas, pero sabemos quiénes son", relata Da Silva. Varios vecinos reunidos para la visita de este diario, a mediados de septiembre, corroboran su versión.

En el mismo ataque, los hombres encapuchados también prendieron fuego a la casa de otra vecina. La zona de pastoreo de la comunidad, incendiada para expulsarlos, está en las tierras de la Fazenda.

El ataque a las cabañas de la comunidad São Marcelo era el más reciente de la zona, de hacía solo seis días. "Veinte días antes habíamos encontrado una vaca muerta por un tiro de bala", añade otra vecina. Pero los relatos de amenazas y terror, relatos sobre guardias de seguridad privada contratados por los fazendeiros que no se cortan en utilizar las pistolas, se repiten en todas las comunidades que visitó este diario en el noroeste de Bahia y en el sur del estado vecino de Piauí.

"Fue un acto de vandalismo, y ustedes pueden ver la medida del crimen medioambiental, que tardará años en recuperarse", remarca Pabla Ferreira Lemos, delante de las palmas de moriche quemadas. El moriche es la palmera típica del Cerrado, y las comunidades que viven aquí lo utilizan todo. Las hojas se usan para los tejados de las casas, se alimentan de sus frutos –al natural, en zumo o en pasteles– e incluso extraen un aceite que dicen que tiene propiedades medicinales.

Pabla Ferreira y su hermano Aurélio han cogido el relevo de la lucha que dejó su padre, uno de los posseiros que lideraba la lucha de la comunidad São Marcelo contra la fazenda, y que murió en 2020 a causa del covid-19. Después de esos hechos, sin embargo, ha sido la fazenda la que ha puesto una demanda contra los vecinos de la comunidad, donde "dicen que ellos han retirado el ganado de sus tierras de forma ordenada y pacífica", explica Ferreira. El fuego del cual este diario fue testigo sería, pues, su vía "pacífica y ordenada" de expulsar a las comunidades que apacentan ganado en la zona.

Acaparamiento verde

En el Cerrado, los grandes propietarios agrícolas (fazendeiros) deforestan el altiplano para plantar soja y otros cultivos. Las comunidades tradicionales y pobres, que viven desde hace siglos en la zona, están instaladas en las zonas bajas o valles, donde todavía hay vegetación natural. Ahora los fazendeiros los quieren expulsar, pero no para plantar más soja. Lo que quieren es que estos valles sean su "reserva legal", el 20% de su territorio que el Código Forestal brasileño les obliga a preservar medioambientalmente. Legalmente, pueden deforestarlo todo menos esta reserva legal del 20% (en la Amazonia es del 80%), y excepto en las Áreas de Preservación Permanente (APP), que son las zonas de mayor vulnerabilidad ecológica, como los arenales de los ríos o los brezales. Pero para poder declarar una zona reserva legal, se ha de tener tanto la propiedad como la posesión, un derecho que la ley brasileña reserva a las comunidades tradicionales que viven en estas zonas. Por eso intentan expulsarlas. "Es lo que llamamos acaparamiento verde de tierras y es lo que está fomentando hoy en día la mayoría de conflictos que vemos en la región", explica Martin Mayr, coordinador de la ONG 10Envolvimento, que ayuda a las comunidades.

Santa Filomena, sur de Piauíclose

Contaminación

Pesticidas que matan los huertos y los peces

"Cuando vinimos a limpiar la ropa el agua estaba roja y olía muy fuerte, yo creo que eran caimanes muertos", explica Jeane Tavares dos Santos, sentada sobre el banco que solía utilizar para limpiar la ropa en el río. Ahora no puede hacerlo. "Los agricultores echan sus agrotóxicos desde aviones y caen sobre nuestra tierra", explica Joareis Celestino de Sousa. Estas comunidades del sur de Piauí sufren los impactos de la contaminación por los pesticidas que se utilizan en los cultivos de soja, muchos de ellos ilegales en la Unión Europea. Bolsonaro ha autorizado 945 más.

Juarez Celestino de Souza y João Henrique Pereira Mendes hijo

"Ahora el veneno más peligroso para nosotros es Bolsonaro, es la peor plaga"

Menos peces y más enfermedades, el efecto de los agrotóxicos

play_circle

"El fazendeiro me hizo llegar un mensaje: ya tenía contratado al pistolero que me mataría, solo estaba esperando a recibir una tercera multa". Juarez Celestino de Sousa había denunciado dos veces a la propiedad agrícola vecina porque sus pesticidas contaminan las tierras donde vive, en la comunidad Riacho dos Cavalos, al sur del estado brasileño de Piauí. Las autoridades medioambientales multaron a la finca, pero no ha cambiado nada. "Tiran sus agrotóxicos desde aviones y caen sobre nuestra tierra, o los arrastra hasta aquí el agua durante la época de lluvias", explica De Sousa. Y añade que sus cultivos, que plantan para alimentarse, ya no crecen como lo hacían antes, sino que muchos "brotan y mueren".
En Brasil se utilizan muchos "agroquímicos considerados de alta toxicidad por la Unión Europea" y, de hecho, "el gobierno de Jair Bolsonaro ha autorizado muchos más que cualquier gobierno anterior", explica la investigadora de Grain Larissa Parker. Los que utilizan los agricultores de esta zona del sur de Piauí no solo dañan los cultivos de los pueblos tradicionales, sino que también contaminan las aguas de sus ríos, pantanos y estanques. La pesca es una gran fuente de subsistencia para estas comunidades, conocidas como ribeirinhos precisamente porque viven cerca de ríos. "En el río Uruçuí Preto había mucha pesca, pero ahora ya no: han acabado con todos los peces", lamenta De Sousa.
João Henrique Pereira Mendes hijo nos muestra las hojas de sus naranjos, llenas de puntos negros. Asegura que la presencia tan cercana de los cultivos de soja, sulfatados con potentes pesticidas, ha trasladado a sus tierras la plaga de la mosca blanca. "Todo esto antes de la llegada del agronegocio no existía, estamos viendo enfermedades en las plantas que no habíamos tenido nunca, está pasando en los últimos diez años y es por culpa de todo este veneno", asegura Pereira.

La mujer de João Henrique Pereira Mendes Filho nos muestra las hojas de un árbol enfermo, aseguran que a causa de los pesticidas de las 'fazendas' cercanas.

Igual que en las comunidades de Bahia, estos pueblos tradicionales del sur de Piauí sufren lo que se conoce como acaparamiento verde de tierras: los poderosos agricultores colindantes quieren hacer constar las tierras donde ellos viven como su reserva legal y para ello intentan expulsarlos. "Con sobornos consiguen títulos de propiedad legales y ponen guardias de seguridad para presionarnos a marchar. Algunos de nuestros vecinos les vendieron la tierra y se marcharon a la ciudad", explica De Sousa, que también es portavoz del Colectivo de Pueblos y Comunidades Tradicionales del Cerrado de Piauí, un grupo de nueve comunidades de la zona de Santa Filomena que se han unido para tener más fuerza. Con la ayuda de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) han conseguido finalmente títulos de propiedad sobre sus tierras.
De poco les servirán, sin embargo, si las tierras están envenenadas. "Hemos notado que cada vez hay más casos de diabetes, problemas de tensión, dolores de cabeza", explica Celestino. Unos kilómetros más allá, en una comunidad cercana, Geraldo João Pessoa, de 54 años, nos asegura que tiene mal de cabeza constante. "Bebíamos siempre el agua del río, pero hace tres años construimos un pozo para disminuir la posibilidad de morir envenenados", explica Pessoa. Los temores de Pessoa, sin embargo, no están confirmados oficialmente. La experta en pesticidas del CSIC Silvia Lacorte explica que el dolor de cabeza es un efecto posible de algunos herbicidas y plaguicidas, como lo es el traslado de plagas como la mosca blanca y los efectos en los cultivos que denuncian las comunidades. También explica que en zonas con temperaturas tan altas se utilizan unas cantidades de plaguicidas más elevadas que en Europa, y que la soja transgénica ya incorpora pesticidas en la semilla "para que no se la coman los animales", lo cual suele contaminar el suelo.
Su mujer, Maria dos Rios Álvares, nos enseña las manos y los pies. Están llenos de sarpullidos oscuros, que hacen que su piel sea muy áspera cuando le das la mano. Creen que se debe al contacto constante con el agua: en estas comunidades son las mujeres son quienes lavan la ropa y los platos en el río. Pero Lacorte apunta que una dermatitis causada por pesticidas suele darse más cuando se ha manipulado el tóxico diractamente, y no por contacto con agua contaminada. El matrimonio ha visitado un dermatólogo, pero admiten que no tienen ningún diagnóstico ogicial que vincule la enfermedad con la contaminación por pesticidas, pero él está seguro que es la causa. "No hemos encontrado médicos que quieran certificarlo, por no quedar marcados ante el poderoso agronegocio", asegura De Sousa. Un sector que es aún más poderoso desde la llegada de Jair Bolsonaro. De Sousa lo tiene claro: "Ahora el veneno más peligroso para nosotros es Bolsonaro, es la peor plaga".

Soja modificada genéticamente

Brasil es el mayor consumidor de pesticidas del mundo desde hace años. Pero el gobierno de Bolsonaro ha autorizado hasta 945 nuevos productos, de los cuales 311 tienen componentes que en la Unión Europea están prohibidos por su alta toxicidad. Uno de los pesticidas más utilizados en Brasil es el glifosato (este también se utiliza en la UE), que mata todas las plantas a excepción de una variedad de soja que ha sido modificada genéticamente precisametne para hacerla resistente al glifosato. De hecho, la misma empresa que patentó el glifosato, Monsanto, es la que también patentó la soja modificada genéticamente para resistir a su potente pesticida.

Jeane Tavares dos Santos vive en la comunidad Brejo do Miguel, y asegura que ya no puede ir a limpiar ropa al río de siempre porque no queda agua y la que hay está contaminada.

Jeane Tavares dos Santos

"Cuando llegamos para lavar la ropa el agua estaba roja y olía a caimanes muertos"

Veneno para las comunidades de los pantanos

"En noviembre del año pasado llegué con un saco de ropa y el agua estaba tan sucia que no pudimos lavar. Estaba roja y fea y olía muy fuerte. Yo creo que eran yacarés o peces muertos. Diría que yacarés porque era un olor muy fuerte", explica Jeane Tavares dos Santos, que vive en la comunidad Brejo do Miguel en el sur de Piauí. Los yacarés son caimanes típicos de estas regiones pantanosas de América del Sur.
Tavares se sienta sobre la plancha de madera que, colocada sobre un pie hecho de troncos, utilizaba de "banco para lavar la ropa". Las comunidades de ribeirinhos como esta viven de los pantanos y los ríos, donde se bañan y lavan, pero que también les proporcionan agua para beber ellos y su ganado. También pescan. Pero el agua está contaminada por los pesticidas que las propiedades agrícolas utilizan para los cultivos de soja.
Se llaman a sí mismos ribeirinhos y brejeiros, ya que brejo significa pantano. Esta zona de sabana tropical del Cerrado está –o estaba– llena de pantanos, que generan unos ecosistemas únicos y muy importantes para la captación de carbono.
"Tengo una hija de 20 años y otra de 18, las crié aquí y cuando eran pequeñas cargábamos agua del río a casa y venían a bañarse aquí, pero hoy ya no podemos utilizar este agua", nos explica, señalando en pequeño arroyo donde ha instalado la plancha de madera, muy cerca de su casa. Tampoco pueden ir al pantano donde iban a recoger el fruto de moriche, porque el propietario agrícola que se ha instalado en sus tierras les ha cortado el acceso. Se llama Anderson y no tiene guardias de seguridad privada como otros fazendeiros. Él mismo se ha encargado de hablar con los vecinos de la comunidad para dejarles claro que esa tierra es suya. Los vecinos denuncian que sus pesticidas contaminan las aguas y que han llevado la plaga de la mosca blanca a sus cultivos.

El propietario agrícola cerca de la comunidad Brejo do Miguel ha puesto alambres y vallas que no permiten a las comunidades acceder a uno de los humedales. / Los pequeños arroyos de cerca de su casa cada vez son más escasos.

Estamos a finales de la época seca, en septiembre, y el banco de Jeane Tavares se sustenta sobre el fango. Además de tener un color marrón, el agua está tan baja que no permite limpiar ropa sobre esa mesa improvisada. Cuando sus hijas eran pequeñas no se trataba de un arroyo sino de un río caudaloso. "Cada año está más seco porque la deforestación se acerca cada vez más a los pantanos, y tengo la certeza de que el año que viene en agosto ya estará seco", sentencia.
"El problema principal es la deforestación de las zonas cercanas al nacimiento de los ríos", explica por teléfono Cácio Luiz Boechat, investigador de la Universidad Bom Jesus de Piauí, que lideró un grupo de investigación que visitó la región en diciembre de 2020 para tomar muestras del río Uruçuí Preto. "No encontramos un número suficientemente significativo de moléculas procedentes de pesticidas para poner el peligro la salud humana", explica, aunque admite que hay que volver a tomar muestras durante los meses de enero a marzo, que es cuando mayoritariamente se riegan con pesticidas los campos de cultivo. También cree que habría que ampliar la investigación al suelo y los cultivos de las comunidades, pero la universidad no tiene suficiente financiación para ello, dice.

Todo por culpa de Richard Nixon

La tierra de la sabana tropical del Cerrado no era una tierra fértil. Pero hoy en día está ocupada por un creciente y lucrativo negocio agrícola. Y todo es culpa de Richard Nixon. En 1973, la preocupante inflación llevó al entonces presidente estadounidense a congelar precios y restringir exportaciones. Durante tres meses, Japón se quedó sin soja, un alimento básico en su dieta, el 92% del cual le llegaba de Estados Unidos. La crisis llevó al gobierno japonés a buscar nuevos mercados y de allí salió una alianza con el gobierno brasileño para cultivar soja en el país sudamericano. Los bancos japoneses invirtieron enormes cantidades en la investigación agrónoma brasileña hasta conseguir variantes de la soja adaptadas al clima de la región. La investigación aplicada a la agricultura ha permitido, de hecho, que la productividad de la tierra en el estado de Bahia, por ejemplo, suba de los 20 sacos se soja por hectárea de los años 70 a los 67 sacos por hectárea actuales, según datos de los agricultores de la región. La ironía de la historia es que hoy en día el principal beneficiario de esas inversiones japonesas es China, el país que importa la mayor parte de la soja brasileña. De hecho, los ferrocarriles y puertos brasileños se financian hoy en día con dinero chino.

Marizilda Cruppe / Greenpeace

Santa Filomena, sur de Piauíclose

Especulación

Cuando la tierra deforestada
es un activo financiero

"Aquí hay grileiros que se pelean con otros grileiros, porque su negocio no es cultivar la tierra, sino conseguir tierra para después venderla", relata Jovencino Pereira da Silva, y nos habla de una empresa presente en la zona que se llama Radar. Es brasileña pero tiene inversiones del fondo de pensiones de los profesores universitarios norteamericanos TIAA-CREF. El aumento de los precios del suelo en Matopiba ha convertido la región en un imán para los especuladores, que adquieren la tierra a precios muy bajos, a menudo de gileiros locales. Un sistema global que fomenta el acaparamiento fraudulento de tierras.

Jovencino Pereira da Silva

"El negocio no es cultivar la tierra, sino conseguir la tierra para después venderla"

Fondos de inversión extranjeros, 'grileiros' locales

play_circle

Jovencino Pereira da Silva quiere saber cuándo recibirá el título de propiedad de su comunidad, Chupé, sobre la tierra que ocupan. Parece que no se acaba de creer que este día llegará y se lo pregunta varias veces al representante de la Comisión Pastoral de la Tierra que nos acompaña- Él dice que la esperan para enero. Xupé es una de las nueve comunidades que han luchado juntas ante el gobierno estatal de Piauí y han conseguido obtener el reconocimiento de su propiedad. "Con este título me sentiré un poco más seguro", afirma, y nos explica un relato que se repite en todos los lugares de Matopiba que hemos visitado: el de propietarios agrícolas que llegan con títulos de propiedad a menudo fraudulentos y que atemorizan a las poblaciones locales con sus "pistoleros", guardias de seguridad privados contratados para llevar a cabo el acaparamiento de tierras.
"Ya no queda Cerrado, los cultivos de soja están acabando con todo", dice Pereira. Es una queja que ya habíamos oído antes, pero con un elemento nuevo: "Aquí hay grileiros que se pelean con otros grileiros, porque su negocio no es cultivar la tierra, sino conseguir la tierra para después venderla", relata, y nos habla de una empresa presente en esta zona que se llama Radar. Es brasileña, pero ha conseguido inversiones del fondo de pensiones de los profesores universitarios norteamericanos, el TIAA-CREF.
El aumento de los precios del suelo en Matopiba ha convertido la región en una zona de interés para empresas como Radar y otros especuladores, que "adquieren la tierra a precios muy bajos, a menudo a través de grileiros locales", explica el profesor de la Universidad de São Paulo Fábio Teixeira Pitta. Los grileiros, recordémoslo, son personas que se apoderan de la tierra con títulos de propiedad falsos.

Al sur de Piauí, los campos preparados para cultivar soja también ocupan toda la zona del altiplano.

Hace años que Pitta estudia el fenómeno de la especulación con la tierra, y nos explica que las subvenciones y facilidades que las autoridades brasileñas dan al agronegocio hacen que el precio de la tierra, sobre todo tierra ya deforestada y lista para cultivar, se haya disparado, sobre todo en esta región. "En Brasil la tierra es un activo financiero", explica el académico, que también ayuda a las comunidades afectadas con su trabajo en la ONG Red Social de Justicia y Derechos Humanos. Y las plusvalías de la venta de terrenos en esta región del Cerrado, la nueva frontera de la soja, es de las más altas del país.
"Hoy en día aquí se gana más dinero especulando con la tierra que vendiendo soja –afirma Altamirando Ribeiro, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), una OBG que ayuda a las comunidades–. Con el aumento de la población mundial y de la demanda de alimentos la tierra siempre sube de precio, nunca baja, y el precio es todavía más alto cuando está deforestada".

Harvard, detrás del acaparamiento de tierras en Brasil

Las denuncias de entidades como Grain, Red Social y CPT consiguieron una victoria en enero de este 2021 en el estado vecino de Bahia. El Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) de Brasil anuló la compra de hasta 150.000 hectáreas de tierra del Cerrado que habían hecho la Universidad de Harvard y el fondo de pensiones norteamericano TIAA-CREF. Las compras violaban la ley brasileña que fija límites a la propiedad agraria que puede estar en manos de extranjeros, pero INCRA también consideró demostrado que estas tierras habías sido adquiridas a través de la práctica fraudulenta del grilagem.

Maria Zulmira Lima de Sousa es descendiente de indígenas acroá gamela.

Maria Zulmira Lima de Sousa

"Para nosotros, el reconocimiento como pueblo indígena ha sido clave"

Títulos de propiedad pequeños para legitimar los grandes

Nos atiende en una especia de patio con techo circular de caña, como si fuera un sombrero gigante que protege del solo despiadado del Cerrado, y genera un espacio íntimo, proclive a la conversación. Es una construcción sencilla pero acogedora que hemos visto en otras casas de las comunidades de ribeirinhos del sur de Piauí. Pero la comunidad de Maria Zulmira Lima de Sousa no es ribeirinha. Son indígenas del pueblo gamela. Sin embargo, ninguno de ellos habla la lengua gamela, y su forma de vida es idéntica a la de las comunidades tradicionales que les rodean. También viven de cultivar mandioca, frijoles y arroz, de apacentar ganado, de la caza y la pesca, cada vez más escasa. Pero algunos rasgos del rostro de Zulmira y el orgullo con el que habla de su sangre gamela te dicen que son diferentes.

Las palmas de moriche típicas del Cerrado son una fuente de recursos para las comunidades: utilizan las ramas para los techos de las casas y de los porches circulares.

Un estudio antropológico de la Universidad de Bom Jesus determinó oficialmente que eran indígenas gamela, un pueblo originario de lo que hoy en día es el estado de Maranhão, al norte de Piauí. Con este reconocimiento han podido conseguir que su tierra sea demarcada como territorio indígena. "Nos querían expulsar de nuestro territorio y fue por eso que iniciamos el proceso de reconocimiento indígena. Por eso para nosotros este reconocimiento como indígenas ha sido muy importante. Aún no tenemos el documento en la mano pero lo tendremos", explica, después de relatar también ella amenazas y presiones de los guardias de seguridad privada de algunos de los terratenientes de la zona.
La del pueblo gamela es una de las nueve comunidades del sur de Piauí que han conseguido el reconocimiento oficial de su propiedad sobre la tierra donde viven. No el derecho de posesión, sino directamente propiedad. "Han concedido algunos títulos a pequeños propietarios como este para poder justificar y legitimar la transferencia de tierras públicas a gran escala", explica la investigadora de Grain Larissa Parker.
Este estado de Piauí, y las comunidades del sur que visitamos, forman parte de un plan piloto del Banco Mundial para regularizar el mercado de tierras de Brasil. Se trata de modificar leyes estatales que permiten transferir tierra pública a manos privadas en mayores extensiones que antes, a pesar de que la Constitución brasileña especifica que las tierras públicas se han de destinar a la reforma agraria y a los indígenas o afrodescendientes, y que si se venden a propietarios privados ha de ser para su subsistencia. Las reformas legales auspiciadas por el Banco Mundial acaban con esto y permiten la venta de tierras públicas a grandes terratenientes "a preciso subvencionados en un 90%", lo cual "fomenta la especulación de la tierra", alerta Parker.

Sin la protección de los árboles del altiplano deforestado, la arena baja más fácilmente al valle y ocupa, como aquí, el espacio donde discurrían riachuelos.

Zulmira nos lleva a ver uno de los lagos que todavía quedan cerca de su comunidad. Dice que al menos tres ya han desaparecido, y que los que quedan, como estos que vemos, están contaminados por los pesticidas. Ciertamente, no se ven peces. "Tengo 45 años y he podido ver muchos cambios. Cuando tenía 14 caminaba mucho por la zona del altiplano, donde ahora hay cultivos, y todo era vegetación espesa. Ahora la deforestación ha acabado con todo", explica. De camino al lago, de hecho, atravesamos lo que parece haber sido el caudal de un río. Ahora está lleno de arena, que baja del altiplano arrastrada por la lluvia. Los árboles que la retenían ya no están.

Efecto colateral de la crisis de 2008

La especulación de la tierra agrícola brasileña es uno de los efectos colaterales de la crisis financiera internacional del 2008, que "provocó un cambio en el perfil de la agroempresa en Brasil y favoreció la presencia de empresas extranjeras de diferentes sectores, incluido el financiero, que buscaban facilitar la circulación del capital", explica Fábio Teixeira Pitta, de la universidad de São Paulo. El precio de las materias primas agrícolas como la soja, el maíz el azúcar llevaba en aumento desde el 2002, y eso llevó a muchas empresas agrícolas a endeudarse a la espera de las ganancias que obtendrían con la exportación. Todo eso hacía subir el precio de la tierra. En 2008, la caída general de los precios no afectó el precio de las tierras agrícolas en Brasil, que siguió aumentando y atrayendo inversiones internacionales.

Un ejemplo claro es la empresa Radar, que nació precisamente en 2008 con dos principales accionistas, Cosan SA y Mansilla, una empresa creada para negociar en Brasil por el fondo de pensiones de los profesores norteamericanos TIAA-CREF, valorado en al menos un billón de dólares. TIAA-CREF a su vez capta capital de otros fondos de pensiones de otros países, como Suecia, Canadá, Holanda, Alemania y el Reino Unido.

"En Brasil la tierra es un activo financiero a causa de unas leyes federales que permiten a un propietario emitir títulos sobre trozos de su propiedad y negociar con estos papeles en la bolsa de valores", explica Pitta. Los fondos internacionales que invierten en Brasil están exentos legalmente de responsabilidad por los impactos provocados por la especulación, ya que no son propietarios directos de la tierra, solo socios del negocio. Pero esta especulación incentiva el acaparamiento de la tierra, la deforestación y el conflicto social que amenaza las comunidades pobres de la sabana tropical del Cerrado.

Conclusiónclose

Te afecta a ti y
a todo el planeta

El vínculo con
la emergencia climática

La deforestación que está generando la industria porcina catalana en la sabana tropical brasileña tiene también un impacto global. La alta tasa de deforestación en esta zona del Cerrado conocida como Matopiba hace que la soja que se exporte desde aquí genere seis veces más emisiones de CO₂ por tonelada que la media de Brasil. Toda la soja que importa Catalunya de Brasil, de hecho, genera 1,9 millones de toneladas de CO₂, el 4,3% de las emisiones anuales catalanas.

Marizilda Cruppe / Greenpeace

Un sistema global insostenible

Los problemas de Guilherme Ferreira y Zulmira Lima pueden parecer muy lejanos desde esta orilla del Atlántico. Sin embargo, también los están provocando nuestra industria porcina, ávida consumidora de soja para producir pienso y nutrir un negocio exportador sobredimensionado.

La deforestación de un ecosistema único tan biodiverso como la sabana brasileña del Cerrado nos puede parecer poco importante porque no es la Amazonia y porque nos cuesta imaginar una sabana llena de vida, humana y natural. Pero los efectos de aquella pérdida resuenan a nivel global y también tienen un impacto sobre nosotros. Los cambios de uso de la tierra, como el que convierte la vegetación frondosa de los altiplanos del Cerrado en pastos y cultivos, son una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, que han generado la emergencia climática actual.

Todo el sistema alimentario mundial –este que hace que importemos toneladas y toneladas de soja cultivadas en la sabana tropical brasileña– genera una cuarta parte de las emisiones mundiales.

La soja que importa Catalunya desde Brasil genera 1,9 millones de toneladas de CO₂, una cifra que representa el 4,3% de las emisiones anuales catalanas, según un informe de Grain.

En el caso del estado español en su conjunto, la soja importada tiene una huella de carbono un 60% más alta que la media europea, ya que en un 92% proviene del bioma del Cerrado. De hecho, las principales emisiones de carbón por tonelada de soja producida se encuentran en los estados de la región brasileña conocida como Matopiba, que hemos visitado para elaborar este reportaje, según nos explica Inèdit. El crecimiento exponencial de los cultivos de soja en esta región, que suponen una pérdida constante de vegetación, hace que la soja de Matopiba genere seis veces más emisiones de CO₂ por tonelada que la media brasileña.

Pero no acaba aquí la conexión global. La ironía del sistema globalizado hace que muchas de estas tierras de Matopiba se vendan cada vez más como bonos verdes. Si el cultivo de soja se instala en las zonas que (previamente deforestadas) hasta ahora se utilizaban como zonas de pastoreo, el cambio de uso de la tierra técnicamente supone más captación de CO₂ y a su vez contribuye al sistema alimentario mundial. Muchas instituciones públicas y empresas privadas adquieren cada vez más títulos de propiedad de estas tierras para poder ampliar su cartera verde y cumplir así los objetivos de desarrollo sostenible que fija la ONU. Las finanzas verdes, pues, potencian los cultivos de soja y están retroalimentando la deforestación y el acaparamiento de tierras que amenazan a las comunidades más pobres.

Y para no contribuir más a la crisis climática, este diario compensará todas las emisiones derivadas del desplazamiento de una periodista y una fotógrafa hasta la sabana brasileña del Cerrado: 5 toneladas de CO₂ emitidas (4,2 toneladas solo en los vuelos) que compensarán a través del programa voluntario de compensación de emisiones de la Oficina de Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya, que destina ese dinero a proyectos de reducción de emisiones realzadas por entidades sociales del territorio.