El 22 de junio el gobierno español concedió los indultos a los nueve presos políticos que estaban encerrados desde hacía más de tres años en Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses. Fue un indulto parcial, porque los políticos salieron de prisión, sí, pero quedaron inhabilitados para la función pública. La derecha y la ultraderecha nacionalista española (valga la redundancia) pusieron el grito en el cielo para no perder la costumbre de alejarse de la responsabilidad de estado y practicar la agitación electoralista anticatalana, mientras Pedro Sánchez venía al Liceu a explicarse, cargado de palabras nobles como reconciliación, reencuentro, convivencia y cariño, y frases como: “Queremos recuperar la convivencia con aquellos millones de catalanes que se sienten emocionalmente ligados a los dirigentes que están en prisión. Porque quieren el reencuentro”. Sánchez sabía que Europa estaba a punto de condenar esos encarcelamientos.

De hecho, el día antes de aprobar la medida de gracia la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa aprobó un informe en el que pedía indultar o liberar a los presos, retirar las euroórdenes, retirar las acusaciones por el 1-O a funcionarios de bajo rango y no exigir a los presos que se abstuvieran de sus convicciones políticas a cambio de regímenes penitenciarios más favorables.

Un café con Salvador Illa

El indulto desinflamó la calle pero la etapa de diálogo que iba a iniciar quedó reducida a una reunión en Barcelona presidida por Sánchez y Aragonès. El president de la Generalitat todavía estaba atendiendo a los medios cuando Sánchez ya estaba tomando un café con Salvador Illa.