En términos educativos, el 2021 ha estado marcado por el debate sobre el catalán en las aulas. Empezó el año con la entrada en vigor de la nueva ley de educación, la octava de la democracia, que elimina la referencia sobre el castellano como lengua vehicular. Y lo despedimos con una manifestación para defender uno de los fundamentos del modelo educativo de Catalunya, la inmersión lingüística, después de que el Tribunal Supremo haya hecho firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que impone el 25% de las horas en castellano en todo el país, y del caso concreto de Canet de Mar, que se ha utilizado como arma arrojadiza entre los partidos, incluso entre los catalanes.

Lo preocupante (y paradójico) es que, a pesar de que desde algunos sectores se empeñen en repetir lo contrario, el catalán está en situación de emergencia lingüística dentro y fuera de las aulas. Dos datos que lo han demostrado: solo el 19,6% de los barceloneses de entre 15 y 29 años tienen el catalán como lengua de uso primero, lo que significa una caída de más de 10 puntos en solo cinco años, y menos de la mitad de los profesores lo hablan habitualmente a sus alumnos.

El año termina también con el compromiso del Govern de buscar el consenso político y social para actualizar el modelo lingüístico en las escuelas y los institutos. Ahora bien, en un intento de esquivar la aplicación de la sentencia del TSJC, en Educación quieren un nuevo acuerdo y un nuevo marco normativo que no imponga porcentajes. Hay deberes urgentes por hacer.