La Unión Europea aprobó una directiva sobre el audiovisual y el Estado la ha transpuesto fuera de plazo y en medio de un intenso debate. Sobre todo, desde que el primer borrador hecho público por el gobierno central exhibiera una visión centralista, sin ni una sola medida que obligara a las plataformas a tener consideración alguna hacia el catalán, el vasco o el gallego. A partir de ahí, Esquerra lo convirtió en un caballo de batalla, con el estímulo de querer demostrar ante su electorado que, a la espera de un nuevo embate independentista, la negociación con España es posible y da frutos tangibles.

La amenaza de no votar los presupuestos generales hizo que ese borrador se modificara, pero la victoria solo lo ha sido a medias: si bien se ha logrado que Netflix, Amazon o Disney tengan que contribuir a la financiación de producciones en las lenguas dichas cooficiales, en cambio no se podrá forzar a estos gigantes globales para que incluyan en su catálogo las versiones dobladas o subtituladas tiempo atrás –pagadas por la Generalitat– y que actualmente duermen en un cajón, porque no las quieren ni regaladas. Otro agravio es que se obliga a financiar al servicio público televisivo, pero solo el estatal, es decir, RTVE, lo que desterra a TV3, TVG y Euskal Telebista.

La partida digital

La aprobación de la ley, en cualquier caso, solo es el pistoletazo de salida para un partido en el que la ficción en catalán juega con handicaps evidentes. Habrá que ver cómo se aplica la ley en la práctica, qué capacidad negociadora tiene la Generalitat y también, ahora que finalmente se ha pactado su renovación de los órganos directivos, mirar si TV3 puede actualizarse para sumarse a este encuentro digital.